Congreso local: perder poder
LECTURA POLÍTICA por: Noé Mondragón Norato
Todas las reformas hechas en el 2020 a la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, tuvieron como objetivo quitarle atribuciones al Congreso local, justamente para que no se actuara contra los alcaldes corruptos. Porque se entiende que, en esa tradición priista de brincar de un cargo de representación popular a otro, los propios diputados locales se convierten después en alcaldes. Y legislan en función de sus propios intereses. Es decir, para que auditorias y señalamientos no traspasen la barrera mediática. Y otros más polémicos no sean alcanzados por el manco brazo de la justicia. Con el Morena legislando, la Ley Orgánica del Poder Legislativo derivó en más retrocesos que avances. Los hechos lo confirman.
CONGRESO SIN PODER. – En anteriores legislaturas locales se ponderaban en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las atribuciones que tenía ese poder. La número 286 subrayaba a la letra en el artículo 8 fracción 26: “Suspender ayuntamientos o declarar que estos han desaparecido, y suspender y revocar el mandato a alguno de sus miembros conforme a las hipótesis previstas y al procedimiento de la Ley correspondiente”. Y en la fracción 30 de ese mismo artículo señalaba, contundente: “hacer comparecer a los presidentes Municipales a efecto de informar sobre la marcha general de la administración y sobre cualquier asunto relacionado con esta”. Desde la administración del priista Héctor Astudillo, ningún alcalde compareció ante el Congreso local. Y las reformas de 2020 les ayudaron demasiado a los actuales para eludir sus responsabilidades. Se lee así:
Congreso se deslinda
1.- En el artículo 339 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo actual (la 231), el Congreso local se deslinda de la suspensión, revocación de mandato o la suspensión de un ayuntamiento, que antaño tenía como atribución. Hoy se delega esa responsabilidad a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado. “Y los implicados, tendrán derecho a ofrecer y desahogar pruebas y alegar lo que a su derecho convenga”.
Conducta oscura de Abelina López Rodríguez
2.- La Unidad de Transparencia y Anticorrupción se creó justamente y con el arribo de mayoría legislativa morenista en el 2018, para atacar todas aquellas conductas de los alcaldes y funcionarios públicos previstas o percibidas por la opinión pública como corruptas. La de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, al reunirse con un presunto líder delictivo y existir pruebas fehacientes que ella misma admitió como ciertas, entra en esa percepción. También la desaparición de dos marinos en marzo de 2022 que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez pidió a su ex secretario de Seguridad Pública Maximiliano Serrano Pérez, para escoltar al senador morenista José Narro Céspedes. Serrano fue detenido hace poco en Sinaloa, por esas desapariciones. Y en su declaración volvió a señalar a la alcaldesa porteña. Si los marinos no aparecen es claro que existe una conducta oscura. Y, por lo tanto, corrupta. La Unidad de Transparencia y Anticorrupción ha guardado silencio respecto de ambas alcaldesas. Porque su papel concreto no consiste en atacar la corrupción, sino en acomodar en esas posiciones a los recomendados de los partidos políticos mayoritarios. Incluido por supuesto, el Morena. Es una dependencia de ornato. Un auténtico elefante blanco encargado de succionar impune, el presupuesto público. Irónicamente, es parte de la misma corrupción que en la fachada, asume combatir.
Inexperta
3.- Al salir de su prolongado anonimato, la titular de la Jucopo y también diputada inexperta y neófita, Yoloczin Domínguez Serna, admitió que el Congreso local “no es la instancia que va a determinar la permanencia o no de cualquier representante popular”. Lo que la también aspirante a convertirse en candidata del Morena por Acapulco no admitió, es que fue su partido político el que se encargó de “quitarle los dientes” al Congreso local para actuar contra los alcaldes. Por eso ningún edil o diputado local vinculado presumiblemente con los grupos criminales, será llamado a cuentas. No al menos por el Congreso local, quien tristemente perdió así, el poco poder que le quedaba. Por eso ahora los diputados locales cumplen la función de hibernar. Cobrar jugosos salarios por no hacer nada. El pueblo les paga por sus incompetencias.
UAGro
HOJEADAS DE PÁGINAS…En claro abuso de su tibio y pusilánime rectorado en la UAGro, José Alfredo Romero Olea se quiere llevar lo más que pueda del dinero universitario con cargo a los trabajadores. Resulta que reunió todos los pagos en uno solo (bono de verano, prima vacacional y primera quincena), con el fin de cercenarles el salario. Ahora resulta que los trabajadores universitarios en vez de recibir más salario que el año pasado, cobraron mucho menos. Van como los cangrejos. Todo lo anterior se justifica con la aplicación del ISR que también se hizo el año pasado. Pero el bono y la prima no entran legalmente, en esos descuentos. Romero Olea se ha encargado de oscurecer el dinero de los trabajadores desde abril pasado. La corrupción en la UAGro queda así, impune. Porque los dirigentes del STAUAG, maiceados y adormecidos como están, no mueven un solo dedo en defensa de sus representados.
