EE.UU.: Tribunal Supremo desestima demanda de México contra fabricantes de armas
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó por unanimidad la demanda que el Gobierno de México presentó contra varias empresas estadounidenses productoras de armas.
México acusaba a compañías como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock de facilitar el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano.
En 2021, el gobierno mexicano solicitó una compensación de 10 mil millones de dólares. Señalaba que estas empresas contribuyen al flujo de armas usadas por el crimen organizado en México.
La ley protege a los fabricantes de armas
Los jueces del alto tribunal coincidieron en que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, vigente desde 2005, cubre a las empresas frente a demandas sobre el uso final de sus productos.
Esta norma ofrece inmunidad legal a los fabricantes siempre que no haya pruebas de participación directa en actos ilícitos.
México intentó fundamentar su caso en una excepción legal. Esta permite demandar a empresas que violen “a sabiendas” las leyes de armamento.
Sin embargo, la jueza Elena Kagan, quien redactó el fallo, indicó que no hay evidencia suficiente que respalde esa acusación contra las empresas.
Diferencias en la regulación de armas entre ambos países
EE.UU.: Tribunal Supremo desestima demanda de México contra fabricantes de armas. Mientras Estados Unidos permite la posesión de armas bajo protección constitucional, México tiene una política mucho más restrictiva.
Solo existe un lugar autorizado para comprar armas en todo el país: el Centro Nacional de Registros y Control de Armas (CENARCA), dependiente del Ejército.
Tensión bilateral en aumento
Este tema forma parte de una relación bilateral compleja. Durante la administración de Donald Trump, Estados Unidos calificó a los cárteles mexicanos como grupos terroristas.
A su vez, Washington culpa a México por el tráfico de fentanilo. Por otro lado, el Gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que los cárteles se fortalecen gracias al armamento proveniente de EE.UU.
Con esta decisión judicial, México pierde una importante vía legal para exigir responsabilidades a los fabricantes de armas estadounidenses.
