EEUU. confirma seis muertos en nuevos ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico Oriental; ONU y HRW denuncian “ejecuciones extrajudiciales”
EEUU., Washington / Bogotá / Caracas — 10 de noviembre de 2025.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que fuerzas militares estadounidenses ejecutaron dos ataques con misiles balísticos contra embarcaciones rápidas en el Pacífico Oriental, lo que dejó seis personas muertas, aún no identificadas. Las operaciones ocurrieron el domingo 9 de noviembre y fueron autorizadas directamente por el presidente Donald Trump, según el propio titular del Pentágono.
La Administración estadounidense sostiene que ambas naves eran “narcolanchas operadas por organizaciones terroristas designadas”, aunque —al igual que en episodios anteriores— no ha presentado públicamente evidencia verificable sobre la supuesta vinculación de las víctimas con redes de narcotráfico.
La versión oficial de EEUU.
En un mensaje publicado en X, Hegseth afirmó que:
“Ambos ataques se realizaron en aguas internacionales. Cada embarcación transportaba tres narcoterroristas. Los seis murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”.
El Departamento de Defensa argumenta que estas operaciones forman parte de una “estrategia ampliada de neutralización de amenazas narcoterroristas”, iniciada con el despliegue naval anunciado el 19 de agosto en el Caribe y el Pacífico Oriental.
Con los seis fallecidos de este 10 de noviembre, los ataques estadounidenses bajo esta política ya suman al menos 75 muertos desde agosto, según cifras del propio Pentágono.
Críticas de la ONU, Human Rights Watch y gobiernos latinoamericanos
Las acciones han sido calificadas como “ejecuciones extrajudiciales” por:
- Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
- Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch
Ambas instituciones insisten en que la fuerza letal contra embarcaciones sospechosas viola estándares internacionales, incluso en casos de presunto narcotráfico, si no existe amenaza inmediata a la vida ni procedimientos judiciales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ha exigido que Washington publique las pruebas que justificarían los ataques, especialmente después de que se confirmara que ciudadanos colombianos, pescadores artesanales, han estado entre las víctimas recientes.
En Trinidad y Tobago, varias familias han denunciado que personas dadas por desaparecidas en el mar podrían estar entre los muertos reportados por EE. UU.
Escalada militar y tensión regional
El despliegue estadounidense —que incluye un submarino nuclear, un grupo de ataque de portaaviones y varios buques de guerra— ha intensificado las tensiones con Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro acusó a la Casa Blanca de “intentar derrocar a su Gobierno mediante presión militar y operaciones encubiertas”, mientras que Trump ha minimizado estas declaraciones y mantiene su postura de vincular al Gobierno venezolano con el llamado “Cartel de los Soles”.
En respuesta, Caracas reforzó su seguridad marítima y desplegó decenas de miles de soldados en zonas estratégicas del país.
El cruce de declaraciones también derivó en una crisis diplomática con Colombia, luego de que EEUU. agregara al presidente Gustavo Petro a la “lista Clinton”, una designación financiera reservada para personas sospechosas de vínculos con dinero ilícito. Petro rechazó la medida y la calificó de “hostil e infundada”.
Debate jurídico internacional
Expertos en derecho internacional consultados por organismos multilaterales sostienen que:
- Los ataques letales a embarcaciones sin captura previa
- La ausencia de verificación independiente
- Y la falta de jurisdicción territorial
podrían configurar violaciones graves al derecho internacional humanitario, aun si se comprobara la actividad de narcotráfico.
La ONU ha pedido repetidamente suspender las operaciones y abrir investigaciones independientes sobre cada incidente.
Panorama de EEUU en el Pacífico
Los bombardeos en aguas del Caribe y del Pacífico constituyen una de las políticas de seguridad exterior más controvertidas del actual Gobierno estadounidense. Mientras el Pentágono insiste en que se trata de operaciones contra “narcoterroristas”, crece la preocupación por el número de muertos, la falta de transparencia y la posibilidad de un riesgo creciente de confrontación militar en el hemisferio occidental.
