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lunes, julio 22, 2024

Auditorias políticas

Auditorias políticas

LECTURA POLÍTICA por: Noé Mondragón Norato

Apenas el pasado 6 de marzo, la secretaria de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel salió a defender lo indefendible. Y aseguró que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) “no realizó observaciones ni señaló responsabilidades” por la demolición de la biblioteca Siervo de la Nación del Congreso local. Fue la admisión abierta de que todo estaba bien. En orden y sin dinero desviado. Pero ya el escándalo era de altos decibeles mediáticos. El caso llegó hasta los pantanos de la politización. El recuento lo corrobora. EL PODER DE LAS AUDITORIAS. – Desde las épocas doradas del priismo, las auditorías aplicadas a los personajes que desempeñan cargos en la función pública se han hecho para sacarlos de las jugadas del poder, no para sancionarlos penalmente. Esa misma cultura del saqueo sin castigo prevalece en el Morena. Y si no, ahí están los hechos:

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1.- Uno de los personajes incómodos para la dupla formada por el exgobernador tricolor Héctor Astudillo y el senador de ese mismo partido Manuel Añorve, estaba encarnado en la figura del exdirector general de los Colegios de Bachilleres, Fermín Alvarado Arroyo. La mejor forma de sacarlo de los futuros proyectos de poder en ese partido era ventilando sus excesos en esa dependencia. Fue entonces cuando apareció el ex auditor astudillista de la secretaría de Contraloría y Transparencia, Eduardo Loría Casanova. Le endosó un desfalco de mil 300 millones de pesos. El escándalo no traspasó la barrera de lo mediático. Pero es claro que Fermín quedó congelado política y electoralmente. Inmovilizado para hacer frente a esa adversidad. Loría Casanova nunca procedió legalmente contra dicho exfuncionario priista. Ahí acabó todo.

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2.- En el asunto de la biblioteca demolida en el Congreso local, los malos olores comenzaron a invadirla. Primero, porque el extitular morenista de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel no informó a los demás integrantes de esa Junta sobre el proyecto de la demolición. Segundo, porque esa decisión unilateral se vistió necesariamente con el ropaje de las irregularidades financieras, y finalmente porque la ASF al final sí encontró “un probable daño a la hacienda pública por nueve millones 362 mil pesos”. Y aquí la duda carcome. Porque al no encontrar irregularidades en la demolición de esa biblioteca, los polvos de esos lodos salpican necesariamente no sólo a Sánchez Esquivel, sino a cuando menos tres personajes morenistas más: el presidente de la comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoria Superior del Estado (ASE) y dirigente estatal de ese partido, Jacinto González Varona, la propia titular de la secretaria de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel. Y la presidenta actual de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna. ¿Cómo y de qué manera podrán contradecir e impugnar a la auditoria respaldada por la ASF? ¿Habrá sanciones para los cuatro morenistas o simplemente se dejará pasar el escándalo mediático? Igual que en el PRI.

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3.- A la renuncia del senador Toro para reelegirse en la curul senatorial morenista, muchos otros actores políticos de ese partido debieron frotarse las manos. Entre ellos, el propio Alfredo Sánchez Esquivel, quien no pierde de vista esa curul. Sin embargo, la auditoría de la ASF ventilada el pasado lunes, tendría la intención deliberada de frenarlo en seco. Y no solo porque exista un natural fondo político, sino porque, además, hay mucho dinero oscurecido. Sumados a los veinte millones de pesos más que se emplearán en la reconstrucción de dicha biblioteca. De los cuales Yoloczin Domínguez tampoco explica su aplicación y transparencia. Y es justamente ese tipo de situaciones las que detienen las ambiciones de poder. Además, si la propia presidenta de la Jucopo está metida en ese poco iluminado baile, lo razonable es que tampoco llegue como candidata de ese partido a la alcaldía de Acapulco para la elección de 2024. Al final de cuentas, la corrupción política no es cuestión de partidos políticos. Sino de actores de carne y hueso.

HOJEADAS DE PÁGINAS… ¿Qué movió a la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, a participar en un desfile en el municipio de Tlacotepec el pasado 12 de marzo, al lado del alcalde priista de ese municipio Serafín Hernández Landa y del máximo líder del grupo delictivo Los Tlacos, Onésimo Marquina Chapa? Es una respuesta que debe darles —y no lo ha hecho— a sus gobernados, al partido que representa. Pero, sobre todo, a la propia gobernadora Evelyn Salgado. Porque los mensajes que Norma Otilia manda como autoridad municipal, son altamente perturbadores.

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