mayo 25, 2020

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La emergencia sanitaria del coronavirus no puede limitar las libertades fundamentales ni socavar el estado de derecho

La emergencia sanitaria del coronavirus no puede limitar las libertades fundamentales ni socavar el estado de derecho
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La implantación de medidas de excepción o emergencia para proteger a la población de la pandemia del coronavirus no deben ser usadas por los Gobiernos como excusa para violar los derechos humanos de las personas, afirmó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Los poderes de emergencia no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder”, advirtió Michelle Bachelet, que después aseguró: . “Esos poderes deben usarse para afrontar eficazmente la pandemia; nada más, ni nada menos”.

Por eso, para ayudar a los Estados en su respuesta a la COVID-19, la Oficina de la Alta Comisionada publicó hoy un nuevo manual de orientaciones sobre la adopción de medidas urgentes y excepcionales.  

La Alta Comisionada recordó que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados pueden limitar algunos derechos con el fin de proteger la salud pública y que esa concesión puede ampliarse si se declara el estado de emergencia.

Sin embargo, aclaró que estas restricciones han de ser “necesarias, proporcionales y no discriminatorias“, que es necesario limitar su duración y que deben ir acompañadas de salvaguardas que impidan su empleo abusivo. 

Las medidas no han de socavar el estado de derecho

El documento orientativo también explica que no es suficiente que las medidas para conseguir “un objetivo legítimo de salud pública” sean necesarias, sino que han de basarse en estrategias lo “menos intrusivas posibles” para lograrlo.

“Hemos visto cómo numerosos Estados adoptaban medidas justificadas, razonables y provisionales. Pero también ha habido casos muy inquietantes, en que los gobiernos parecen haber usado la COVID-19 como pretexto para vulnerar los derechos humanos, limitar libertades fundamentales, reducir el espacio cívico y socavar el Estado de Derecho”, declaró Bachelet.

Añadió que “las medidas excepcionales o los estados de emergencia deben someterse a la supervisión del parlamento, el poder judicial y la opinión pública” y que las penas impuestas por su transgresión deben ser “proporcionales y no deben aplicarse de manera arbitraria o discriminatoria”.

Por último, Bachelet destacó que “si no se defiende el Estado de Derecho, corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de derechos humanos, con efectos negativos que se prolongarán mucho tiempo después de que la pandemia haya cesado”, concluyó la Alta Comisionada.

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