noviembre 12, 2019

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La independencia de los jueces y la separación de poderes son un gran reto en Honduras

La independencia de los jueces y la separación de poderes son un gran reto en Honduras

El relator especial de la ONU sobre la independencia de los jueces destacó este jueves el gran reto que supone la independencia del sistema judicial y otros principios democráticos cruciales, como la separación de poderes en Honduras.

Al finalizar una vista oficial a ese país, Diego García-Sayán subrayó los cuestionamientos de la ciudadanía hondureña al sistema de administración de justicia, a la clase política y a las instituciones del Estado.

“Problemas como la mora judicial, la corrupción, la impunidad, violaciones a los derechos humanos, la inseguridad ciudadana y la violencia son algunos de los factores que han puesto en entredicho a los operadores de justicia y al sistema político mismo”, detalló el experto.

Contradicciones y lagunas

Agregó que el marco normativo e institucional de Honduras presenta contradicciones y lagunas muy graves, pese a que sus aspectos fundamentales son coherentes con los principios de independencia judicial y separación de poderes.

“Como se encuentra no es suficiente para garantizar la independencia de la justicia”, apuntó el relator especial.

García-Sayán instó, en particular, a que no se siga difiriendo la adopción de la nueva ley sobre el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, y que en su aprobación “se garantice la participación de la sociedad y, en particular, de jueces y magistrados”.

El experto también exhortó a que el Congreso considere la posibilidad de revisar el procedimiento de selección y nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, del Fiscal General y su Adjunto.

“La transparencia y el escrutinio público deben orientar el proceso de selección de los altos funcionarios del poder judicial y de la fiscalía a través de procedimientos transparentes y que garanticen la participación de la sociedad con miras a examinar detenidamente la independencia, competencia e integridad de los candidatos”, indicó.

La importancia de fortalecer las capacidades nacionales para enfrentar la corrupción fue otra de las observaciones en las que el relator hizo especial énfasis.

Lo que se reconoció

García-Sayán reconoció haber podido constatar los esfuerzos institucionales que han impulsado avances concretos. Entre ellos citó la creación de los juzgados y tribunales con competencia nacional para delitos de corrupción y contra la extorsión, además del establecimiento de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción en el Ministerio Público.

El relator especial instó a la Corte Suprema de Justicia a que, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos, cumpla con lo dispuesto en la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Esa ley dispone el fortalecimiento de las medidas de protección de la vida e integridad de operadores de justicia en riesgo.

Del mismo modo, pidió que se investigue con diligencia e imparcialidad y se sancionen las agresiones de distinta índole en contra de esos trabajadores de la justicia.

Finalmente, García-Sayán resaltó la función invalorable que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras ha prestado desde su instalación al sistema de justicia nacional, y pidió que su mandato sea renovado, consolidando y que se fortalezcan sus funciones en 2020, cuando venza el presente término.

El relator especial presentará un informe con sus conclusiones y recomendaciones para Honduras al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio de 2020.



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