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sábado, abril 13, 2024

Jueces Favorecen a Presuntos Delincuentes: Alerta Subsecretario

Jueces Favorecen a Presuntos Delincuentes: Alerta Subsecretario de Seguridad Pública

En la conferencia matutina, el General Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó un reporte sobre dos casos preocupantes de complicidad de Jueces con presuntos delincuentes.

Tenemos dos casos en esta ocasión, dos casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. Este es el caso de una detención de dos personas detenidas con arma y droga en Linares, Nuevo León, y el juez José Jesús Rodríguez Hernández, el 23 de febrero, decretó de ilegal la detención de Óscar Alexander ‘N’ y Juan Ángel ‘N’, ambos detenidos por fuerza civil de Nuevo León por portación ilegal de arma de fuego, así como posesión de metanfetamina mientras circulaban a exceso de velocidad en caminos de Linares, Nuevo León.

Sin embargo, el juez José Jesús Rodríguez Hernández declaró ilegal la detención, argumentando que uno de los detenidos afirmó haber sido lesionado durante el arresto. Además, el juez sugirió a la defensa tomar fotografías de las lesiones del detenido para aclarar si hubo actos de tortura, y determinó que no había flagrancia, ya que la detención se produjo por una falta administrativa de exceso de velocidad.

Jueces Favorecen a Presuntos Delincuentes: Alerta Subsecretario

En otro caso, el juez Conrado Alcalá Romo otorgó un amparo a Héctor ‘el Güero’ Palma el 27 de febrero, anulando un auto de formal prisión emitido en su contra por homicidio en el año 2000. El juez ordenó reponer el procedimiento y permitir la presentación de pruebas testimoniales que no habían sido admitidas en el proceso anterior. Alcalá Romo argumentó que la negativa de admisión de pruebas violaba la garantía de audiencia y defensa de Héctor ‘el Güero’ Palma.

Estos casos, según el General Bucio, ponen de manifiesto un patrón preocupante de lo que él denominó «cero impunidad», y destacó la necesidad de una revisión minuciosa de los procesos judiciales para garantizar la aplicación justa y efectiva de la ley.

Concluyó su informe con un llamado a la acción para abordar esta problemática y asegurar que los responsables de delitos enfrenten las consecuencias adecuadas conforme a la ley.

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