La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), lidera una política pública sobre el aborto seguro en las 32 entidades federativas.
Durante el conversatorio “Los derechos sexuales y reproductivos”, una de las prioridades del CNEGSR es robustecer el trabajo en las entidades para ofrecer las condiciones que permitan proteger y ejercer la autonomía reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres con capacidad de gestar.
En ese contexto, se deben fortalecer las capacidades de los servicios de aborto seguro para que la atención se otorgue de manera universal, con calidad y calidez humana.
Los servicios se alinean a los más altos estándares de calidad internacionales, con tecnologías innovadoras, acorde con las necesidades o las condiciones de la mujer gestante; y siempre centrados en las usuarias.
La política pública denominada Lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México se encuentra disponible en https://bit.ly/3sg82ZN.
Donde se restringe o castiga la práctica de la interrupción del embarazo se registra mayor cantidad de prácticas que ponen en riesgo la salud y la vida de la persona gestante.
La representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en México (UNFPA), Alanna Armitage, sostuvo que la criminalización del aborto no evita que se lleve a cabo y solo pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres. A nivel mundial, más de 60 por ciento de embarazos no intencionales terminan en aborto y, aproximadamente, 45% son inseguros.
“Despenalizar el aborto y garantizar su acceso en condiciones seguras implica un gran paso, no sólo para evitar la mortalidad y morbilidad materna, sino también representa un avance para garantizar los derechos y el acceso universal a la salud sexual y reproductiva”, apuntó.
