diciembre 09, 2019

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Conflicto de interés en el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero

Conflicto de interés en el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero

Juez presidente del Tribunal de. Enjuiciamiento Penal, trafica influencia para favorecer a esposa

Ahora que la Suprema Corte de Justicia de México se ubica bajo la lupa de la inteligencia nacional, por sospechas de conflictos de interés entre los ministros integrantes y personajes ligados a acusaciones de lavado de dinero y tráfico de drogas, los miembros del Tribunal Superior de Justicia en Guerrero manifiestan cierto nerviosismo ante la probabilidad de que la revisión del poder Judicial llegue hasta los estados.
Por lo pronto, en las prisas para limpiar cauces procesales merecedores de verificación, hay quienes en el TJG olvidaron borrar del todo sus huellas en asuntos turbios para orientar la judicialización en beneficio de sus intereses particulares.
En la agencia del ministerio público Especializada en Despojos del distrito judicial de Tabares, en la carpeta de investigación 12030280200113010818, iniciada por María del Rocío Martínez Castellanos, contra quien resulte responsable por el delito de despojo de bienes inmuebles, prevalecen una serie de indicios en los que se advierte una marcada tendencia para favorecer a la denunciante identificada por personal ministerial como esposa del Juez Presidente del Tribunal de. Enjuiciamiento Penal, con jurisdicción y competencia en el distrito judicial de Tabares, Andrés de la Rosa Peláez.
Independientemente de la documentación alterada y declaraciones falseadas, -como el hecho de que la denunciante se presenta como ama de casa cuando cobra doble plaza como maestra federal-, aquí las investigaciones requieren centrarse en las presiones que el Juez de la Rosa Peláez, hermano del ex diputado federal Sebastián de la Rosa, ejerce sobre la agencia Especializada en Despojos, con objeto de que esta instancia se declare incompetente en el caso y el asunto sea turnado a la esfera donde mantiene control total el funcionario.
Lo grave de este escenario, es que el asunto en el que se aprecia un obvio conflicto de interés en una carpeta de investigación, sea al final de cuentas un botón de muestra de los criterios unilaterales que prevalecen en el poder Judicial estatal, lo que obligaría a hacer una profunda revisión en la mayoría de procedimientos judiciales que pasan por juzgados y ministerios públicos.
El caso puede ir más allá de la simple asesoría que Andrés de la Rosa está otorgando a su esposa para recuperar un predio supuestamente comprado a una persona fallecida. La exploración de antecedentes permite determinar que el terreno en disputa está escriturado a nombre del legítimo propietario hace más de una década, y que la profesora Martínez Castellanos apenas presenta una carta de posesión sin acreditación legal ni reconocimiento perital de quien firma ese documento.
Lo peor es que María del Rocío Martínez alega que el predio localizado en la colonia Rodríguez Alcaine, está en proceso de escrituración desde hace tres años, pero en realidad el programa de legalización de esa localidad fue detenido por el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, (Invisur), hace cuatro años.
De ahí que de comprobarse el involucramiento del Juez Andrés de la Rosa, habría que detener y auditar todas las causas penales que ha tenido bajo su responsabilidad en los últimos meses.
Las sospechas enfocadas hacia el Juez Andrés de la Rosa, no solo hacen perder la confianza hacia uno de los funcionarios con mayor capacidad en Guerrero en lo que se refiere a conocimiento del nuevo sistema penal acusatorio, sino que ponen en entredicho todas las decisiones del poder Judicial en la entidad



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