noviembre 11, 2019

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En México la impunidad tiene un precio muy alto; todos lo pagamos

En México la impunidad tiene un precio muy alto; todos lo pagamos

La ausencia de un castigo justo por la comisión de delitos en el país es abordada por investigadores del ITESO, de Guadalajara, y de la organización Creatura en un informe que da cuenta de las pérdidas humanas, materiales y económicas que este problema provoca.

No hay duda. Los delitos que no se castigan por las instituciones de justicia de México han provocado más delitos y más violencia en el país, quizá la mayor desde la guerra de Revolución. Esta y otras certezas forman parte de los resultados del informe “Costos de la impunidad”, que fue coordinado por investigadores del ITESO y de Critical Thinking Advocates (Creatura), una consultoría internacional especializada en la investigación y documentación de procesos de incidencia social.

La falta de sanciones se llama impunidad y genera grandes pérdidas humanas, materiales y económicas. Por esta impunidad y violencia la gente es asesinada, desaparece y debe moverse de su hogar en desplazamientos forzados por el interior de México. Este último fenómeno genera huecos y pérdidas importantes en el tejido social y los saberes compartidos en las comunidades, explica el doctor Alejandro Anaya, coordinador del informe en el ITESO, profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DSOJ) y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz de la universidad.

Basado en censos y conteos nacionales, en informes internacionales, testimonios y cruces de información propios, “Costos de la impunidad” aborda tres tipos de delitos y las violaciones a los derechos humanos que se desprenden de ellos y que impactan de forma grave: los homicidios, las desapariciones y los desplazamientos forzados —estos últimos han permanecido casi ocultos en los conteos oficiales y otros informes.

Información

El documento completo está disponible en www.costosdelaimpunidad.mx. Como desde su planeación no fue dirigido a los políticos y personas que toman decisiones desde el poder, sino a los ciudadanos comunes. es muy fácil de consultar. Es rico en gráficos, videos, historias de vida y artículos.

Según el informe, a escala global, en 2016 México ocupó el lugar 58 de 59 en los peores índices de impunidad; en 2017 obtuvo el lugar 66 de 69. En ambos periodos es el peor calificado de América.

En todos los estados del país, incluyendo a Jalisco, más de 90 por ciento de los delitos no reciben un castigo justo.

Las anteriores han sido algunas de las causas de que entre 2006 y 2017 haya habido más de 200 mil asesinatos y por lo menos 30 mil desapariciones de personas, así como alrededor de 330 mil desplazados en el país. Si no hubiera impunidad, las últimas cifras serían menores, incluso ante el clima de empoderamiento de los grupos del crimen organizado que se vive hoy.

Por si fuera poco, según el informe, la impunidad tiene consecuencias importantes en el presupuesto público —con el cual colaboran los ciudadanos— y los bienes personales, aunque estos no se estudiaron en esta ocasión.

Por ejemplo, entre 2015 y 2018, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal le ha pagado 360 millones de pesos a unas 700 víctimas de acciones criminales y violaciones a los derechos humanos en México.

Cifras reales

Es poco, tomando en cuenta el número las cifras reales. Si el gobierno le pagara las reparaciones del daño a las víctimas de las cuatro mil 700 desapariciones que se registraron en 2016 y los casi 29 mil homicidios que ocurrieron en 2017, destinaría casi 17 mil millones de pesos en total: apenas un poco menos del presupuesto que se estimó para la Línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara, en los comienzos del proyecto.

Alejandro Anaya relata que el informe “Costos de la impunidad” se integró desde cuatro investigaciones distintas, pero correlacionadas, que realizaron en 2018 los académicos Luis Daniel Vázquez, Laura Rubio, Eva Arceo y Óscar Cruz, quienes trabajan en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

¿Para qué sirve un documento que parece más bien muy pesimista? Su fin es hacer una contribución modesta para que los ciudadanos de a pie tengan información para discutir más sobre el tema, se organicen y exijan que la impunidad forme parte de la agenda pública: que autoridades se enteren de que el tema importa mucho y se esfuercen más por solucionarlo.



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