noviembre 28, 2021

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Acciones en contra de los matrimonios forzados de Niñas y Adolescentes

Acciones en contra de los matrimonios forzados de Niñas y Adolescentes

Chilpancingo, Gro., 27 de octubre de 2021.- Diputadas y diputados de la LXIII Legislatura al Congreso del Estado condenaron los hechos ocurridos en la comunidad de Dos Ríos, del municipio de Cochoapa El Grande, y exhortaron a las secretarías de Gobernación y General del Estado, a la Fiscalía General del Estado y a los ayuntamientos para que implementen acciones de prevención, erradicación y sanción de la práctica ilegal de trata de niñas y adolescentes con fines de matrimonio forzado o usos domésticos.

Lo anterior en un acuerdo parlamentario suscrito por las y los integrantes de la Conferencia Para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, al cual dio lectura la diputada Leticia Mosso Hernández y que se aprobó por unanimidad. En el documento se expone que el matrimonio forzado con niñas y adolescentes es una violación a los derechos humanos, mientras que la venta de mujeres y niñas configura el delito de trata de personas.

Al respecto, la legisladora señaló que en días pasados fue de todos conocido el hecho registrado en una comunidad de Cochoapa, donde se encarceló de manera ilegal a la señora Concepción y sus cuatro hijas menores de edad por tratar de darle de comer a su hija Angélica Martínez Ventura, encarcelada por la policía comunitaria por resistirse en cuatro ocasiones a ser violada por su suegro, quien argumentaba que había pagado por ella para su hijo, y que para recuperar su libertad tendría que pagar 210 mil pesos.

Agregó que este hecho fue motivo para que organizaciones de la sociedad civil y redes de defensoras de derechos humanos de las mujeres emitieran un pronunciamiento y señalaran que estos hechos devienen de un conflicto relacionado con la práctica ilegal de trata de niñas y adolescentes en la región de la Montaña con fines de matrimonio con hombres adultos, práctica que data de muchos años y que ha sido tolerada por el Estado y sus agentes.

Abundó que con el pretexto de que se respetan los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, se hace caso omiso del mandato constitucional que obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En ese sentido, puntualiza que el Poder Legislativo no puede verse ajeno a los hechos que ocurren y han ocurrido en diversos municipios, basándose en prácticas de usos y costumbres que dañan y atentan contra la dignidad humana de las personas, principalmente de las niñas y niños indígenas.

“Prevenir, erradicar y sancionar la trata de personas es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, pero el estado y sus autoridades no podemos ni debemos permitir que se continúe con este tipo de violencia en contra de niñas, niños y mujeres indígenas”, apuntó.

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