México ante su hora crítica: violencia, memoria política y responsabilidad compartida
Por JRM | 23 de febrero de 2026.-La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no es solamente la caída de un capo. Es un punto de inflexión para el Estado mexicano.
Cada vez que un líder criminal de alto perfil es abatido o capturado, México enfrenta una reacción violenta inmediata. Ocurrió en el pasado y vuelve a ocurrir hoy. Bloqueos, incendios y despliegues armados son el recordatorio de que el crimen organizado no es una estructura improvisada, sino un sistema con capacidad operativa, recursos y redes territoriales consolidadas durante años.
Y ahí radica el verdadero debate.
El crecimiento del CJNG no ocurrió en el vacío. Se consolidó durante administraciones federales anteriores, bajo gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un contexto donde la fragmentación criminal, la corrupción institucional y la debilidad local permitieron que nuevas organizaciones ocuparan espacios dejados por otras.
Reducir ese proceso a una sola administración sería intelectualmente deshonesto. Pero ignorarlo también lo sería.
Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta las consecuencias de esa acumulación histórica. La violencia desatada tras el operativo del 22 de febrero no es únicamente reacción emocional de un grupo delictivo. Es una demostración de capacidad logística.
La pregunta central no es si la acción fue correcta. El Estado tiene la obligación de enfrentar a estructuras criminales. La pregunta relevante es si México está preparado para administrar el vacío de poder que deja un líder de esta magnitud.
Cooperación internacional y narrativa política
El caso también tiene dimensión bilateral.
Estados Unidos mantenía una recompensa millonaria por información que condujera a la captura del capo. La cooperación en inteligencia entre ambos países es una realidad estructural desde hace años. Sin embargo, la discusión pública suele simplificarse en términos políticos.
Algunos sectores intentan atribuir el resultado a presiones externas o a liderazgos extranjeros. Otros buscan desacreditar a las fuerzas de seguridad mexicanas. Ambas narrativas reducen un fenómeno complejo a propaganda.
La realidad es menos espectacular y más institucional: el combate al narcotráfico depende de intercambio de inteligencia, coordinación militar y decisiones políticas de alto riesgo.
También exige coherencia en ambos lados de la frontera. México enfrenta el flujo de drogas; Estados Unidos enfrenta el consumo masivo y el tráfico de armas hacia el sur. Sin corresponsabilidad, la ecuación nunca cierra.
Violencia inmediata, responsabilidad histórica
La violencia registrada el 22 de febrero no debe interpretarse como derrota del Estado, sino como reacción de una organización que intenta preservar control territorial y reputación interna.
Sin embargo, el riesgo es claro: fragmentación, disputas internas y expansión de células locales. La experiencia mexicana demuestra que la caída de un líder puede generar reacomodos violentos de corto plazo.
El desafío de esta administración será contener esa fase sin repetir errores del pasado.
La prueba del liderazgo
El país entra en un momento delicado. La conferencia presidencial del 23 de febrero no será un ejercicio retórico más. Será una señal política.
México necesita firmeza sin triunfalismo. Transparencia sin espectacularización. Estrategia sin improvisación.
La muerte de un capo no resuelve el problema estructural del crimen organizado. Pero sí abre una ventana para redefinir el equilibrio de poder.
La historia no juzgará únicamente el operativo. Juzgará la capacidad del Estado para sostener el orden después del golpe.
Y esa prueba apenas comienza.
