Congreso de El Salvador aprueba cadena perpetua en delitos graves

La iniciativa avala cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas; aún requiere ratificación para entrar en vigor.

San Salvador, El Salvador.— La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes 17 de marzo una reforma constitucional que permite la cadena perpetua para delitos graves.

La iniciativa fue impulsada por el presidente Nayib Bukele. El Congreso, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas, respaldó la propuesta con una amplia mayoría.

Reforma incluye delitos graves

El nuevo texto establece que la pena perpetua se aplicará a homicidas, violadores y terroristas.

La modificación corresponde al artículo 27 de la Constitución salvadoreña. El documento mantiene la prohibición de penas por deudas y castigos considerados inhumanos.

Sin embargo, introduce la cadena perpetua como sanción excepcional para delitos de alto impacto.

Aprobación sin debate previo

Los legisladores aprobaron la reforma en sesión plenaria con 59 votos a favor. Participaron diputados del oficialismo, aliados y algunos de la oposición.

El Congreso avaló la iniciativa sin estudio ni debate previo, lo que ha generado cuestionamientos entre distintos sectores.

Falta ratificación para entrar en vigor

La reforma aún no entra en vigor. El Congreso debe ratificarla en una nueva sesión plenaria.

Solo después de ese proceso, el cambio se incorporará formalmente a la Constitución.

Seguridad vs. derechos humanos

La propuesta se enmarca en la estrategia de seguridad del gobierno de Nayib Bukele.

Autoridades sostienen que medidas más severas buscan frenar la violencia y fortalecer el orden público.

Sin embargo, especialistas y organizaciones advierten sobre posibles riesgos para los derechos humanos.

Impacto social y debate abierto

La reforma reabre el debate sobre el equilibrio entre seguridad y justicia. También plantea preguntas sobre el alcance de las penas en contextos de violencia.

Para muchas familias afectadas por delitos graves, estas medidas representan una búsqueda de justicia. Para otros sectores, generan preocupación sobre el respeto a garantías fundamentales.

El tema continuará en discusión mientras se define la ratificación final.

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