La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner solicitó este miércoles cumplir en domicilio la pena de seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, tras la confirmación de su sentencia por parte de la Corte Suprema.
Su abogado, Alberto Beraldi, presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 el recurso correspondiente. Señaló que Fernández reúne los requisitos legales para acceder al beneficio, como son su edad (71 años) y antecedentes médicos.
“No estamos pidiendo privilegios, sino que se le dé el mismo tratamiento que a cualquier otra persona en la misma situación jurídica”, afirmó Beraldi.
Condena ratificada por la Corte Suprema
Este martes, la Corte Suprema de Argentina ratificó la condena de seis años de prisión contra Fernández por irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su mandato presidencial entre 2007 y 2015.
También se confirmó la inhabilitación perpetua de la exjefa de Estado para ocupar cargos públicos. La sentencia se dio en el marco del caso conocido como “Vialidad I”.
El tribunal dio un plazo de cinco días hábiles para que Fernández se presente ante la Justicia. En caso contrario, podría ordenarse su detención inmediata.
Defensa recurre y denuncia persecución política
Mientras se tramitaba el recurso de detención domiciliaria, otro de sus abogados, Gregorio Dalbón , anunció que presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional por supuesta «persecución política» en su contra.
Dalbón aseguró en redes sociales que el proceso judicial responde a intereses políticos del gobierno de Javier Milei, y no a motivos estrictamente judiciales.
Esta postura fue respaldada por sectores del peronismo y partidos de izquierda que consideran la condena un acto de descontento político más que legal.
Justicia rechaza detención inmediata
Pese a la firmeza de la condena, el tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía para detener a Fernández de inmediato. Esto da tiempo a la exmandataria para presentarse voluntariamente ante el juzgado.
La defensa insistió en que el cumplimiento de la pena en su residencia en el barrio porteño de Constitución es compatible con el debido proceso y la dignidad de la exjefa de Estado.
Contexto político y polarización
El caso ha generado una nueva ola de polarización en Argentina. Mientras algunos sectores celebran la decisión judicial como un avance en la lucha contra la corrupción, otros la ven como un paso más en una campaña de acoso contra la principal figura del frente opositor.
Fernández, quien ya fue senadora nacional, ahora enfrenta una nueva etapa judicial que podría definir cómo continuará su vida pública y privada en los próximos años.
