Fuerzas Armadas contra periodistas en Honduras. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este lunes la campaña de intimidación que emprendieron las Fuerzas Armadas de Honduras contra tres reconocidos periodistas hondureños.
En una publicación oficial titulada “Sicarios de la verdad”, aparecida en FF.AA. Digital, los militares incluyeron las fotos de tres comunicadores sociales señalándolos como enemigos del Estado.
Los periodistas señalados son:
- Rodrigo Wong Arévalo, director de “Abriendo Brecha” y propietario de Canal 10.
- Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces y ganador del Premio Álvaro Contreras 2025.
- Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
Señalamientos que buscan amedrentar
Según la SIP, esta publicación busca amedrentar al periodismo independiente y silenciar denuncias sobre corrupción y abuso de poder.
El texto militar se difundió tras críticas hacia las Fuerzas Armadas por su actuación durante las elecciones primarias del 9 de marzo. Aunque no hubo detenciones, la nota generó preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
“Este tipo de señalamientos estigmatizan a los periodistas y ponen en riesgo su seguridad”, aseguró la SIP en un comunicado.
Paralelo con El Salvador: escalada autoritaria
Mientras esto ocurre en Honduras, en El Salvador también aumenta la presión contra el periodismo independiente y las ONGs.
El presidente Nayib Bukele enfrenta críticas por la reciente ola de detenciones arbitrarias de activistas y abogados. Además, el Congreso aprobó una ley que obliga a las ONG a registrarse como agentes extranjeros y pagar un 30% de impuesto sobre las donaciones recibidas.
Estas acciones han sido calificadas por grupos internacionales como una escalada autoritaria disfrazada de control legal.
Libertad de expresión bajo ataque en América Latina
Ambos casos reflejan una tendencia creciente en la región: el uso de instituciones del Estado para perseguir y criminalizar a quienes ejercen el periodismo libre y crítico.
Organismos internacionales insisten en que es urgente proteger a los comunicadores sociales. Sin ellos, alertan, el derecho a la información y la democracia están en peligro.
