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De la Policía Federal, en el periodo de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal de La «Suprema Corte de Justicia de la Nación», inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares de los Estados Unidos. Todos los contratos fueron hechos en dólares, ningún contrato cubrió con los señalamientos en relación con hacer investigación de mercado a pesar de ser de seguridad nacional, denuncia Pablo Gómez Álvarez Titular de la UIF.
Rodrigo Esparza Cristera, comisionado de Policía Federal Preventiva, 69 millones 100 mil dólares.
Facundo Rosas Rosas, comisionado general de Policía Federal, 25 millones 875 mil dólares de los Estados Unidos.
Humberto Martínez González, director general de Apoyo Técnico de la Policía Federal, 37 millones 875 mil.
Rafael Avilés, jefe de la división de Fuerzas Federales, dos millones 500 mil dólares.
Luis Cárdenas Palomino, titular de la división de Seguridad Regional, dos millones 500 mil dólares.
Roberto Cardozo, director general de Recursos Materiales, 12 millones de dólares.
Eduardo Enrique Gómez García, que era director del organismo de prisiones, con 56 millones 121 mil 595.
Todas estas personas, incluyendo a Sonia Vargas Terrero, están por completo involucradas, porque fueron quienes personalmente firmaron los contratos y, por lo tanto, autorizaron las erogaciones.
En esta trama también están estos ex funcionarios investigados por la Fiscalía General de la República