En todo el mundo, millones de mujeres y niñas sufren violencia, discriminación y abusos. Con demasiada frecuencia, el mensaje que reciben es el mismo: no hay posibilidad de justicia y ayuda para ellas. Un caso de violación puede no llegar jamás a los tribunales mientras la superviviente sufre en silencio. Una denuncia por acoso laboral no tiene consecuencias y las dinámicas tóxicas de poder persisten. Una mujer busca ayuda en una comisaría pero sale de ella sin protección, solo para volver a casa y arriesgarse a sufrir más violencia y represalias por haberse atrevido a hablar. A las mujeres se les niega la igualdad salarial, de herencia y de derechos sobre la tierra, lo que imposibilita a muchas de ellas prosperar en la vida y construir su propio futuro. Esta discriminación sistémica suele estar tan arraigada que a muchas mujeres les resulta imposible cuestionarla.

Las leyes existen, pero por sí solas no imparten justicia ni brindan protección. Las mujeres continúan expuestas a sufrir daño y se ven obligadas a modificar sus rutinas, a cambiar de trabajo e incluso de hogar, mientras que los causantes de ese daño no se enfrentan a consecuencia alguna.

Esto es lo que ocurre cuando los sistemas judiciales no protegen a las mujeres y niñas, no escuchan a las supervivientes y no pasan a la acción. La violencia y la discriminación aumentan, y la impunidad es un mensaje para los agresores de que no habrá consecuencias y de que el estado de derecho no importa.

Este artículo lleva a juicio ese fracaso.

La acusación: impunidad contra las mujeres y las niñas.

Se habla de impunidad cuando se producen daños sin consecuencias. Cuando no se exigen responsabilidades a los autores de esos daños. Cuando se niega protección, reconocimiento o reparación a las supervivientes. Cuando las leyes existen sobre el papel pero no funcionan en la práctica, o cuando están sesgadas contra las mujeres y niñas y no ofrecen un acceso real a la justicia.

Ningún país ha logrado la plena igualdad jurídica de las mujeres. En términos sencillos, esto significa que en todos los rincones del mundo las leyes siguen tratando a las mujeres y los hombres de manera diferente. Por ley, las mujeres tienen menos derechos que los hombres. Estas lagunas legales deciden quién goza de protección, a quién se cree, quién puede reclamar sus derechos y a qué versión de los hechos se otorga credibilidad. Así es como se consolida la impunidad: más allá de la ley, mediante relatos que restan importancia a la violencia y la vulneración de los derechos, que dudan de las mujeres y disculpan a quienes causan daño.

Prueba A: los obstáculos que dificultan la búsqueda de justicia

Las mujeres y niñas se enfrentan a múltiples obstáculos superpuestos cuando tratan de obtener justicia:

• Miedo: a sufrir represalias, estigma o a que no les crean.
• Silencio: la presión familiar y social, la vergüenza o las amenazas pueden silenciarlas, o pueden toparse con el silencio de la sociedad o las autoridades.
• Costos: honorarios de asesoramiento jurídico, gastos de transporte, pérdida de ingresos y responsabilidades de cuidados que imposibilitan a muchas mujeres la búsqueda de justicia.
• Falta de asistencia y representación jurídicas: en ausencia de un apoyo jurídico accesible, muchas mujeres no pueden comprender sus derechos, desenvolverse en los procedimientos o impugnar las resoluciones judiciales, y se ven obligadas a enfrentarse solas a los sistemas de justicia o a abandonar toda esperanza de obtenerla.
• Complejidad de los sistemas: instituciones fragmentadas, burocracia, retrasos y barreras lingüísticas que agotan a las supervivientes, aumentan la retraumatización y permiten que las causas judiciales se estanquen sin resolverse. Se observa una falta de colaboración entre las distintas instituciones –como la policía, los tribunales, los servicios médicos o la asistencia jurídica– en la impartición de justicia.
• Prejuicios y discriminación: en la policía, los tribunales, las instituciones y los medios de comunicación.
• Oposición y estigma: represalias por denunciar abusos y riesgo de ser culpadas, de no ser creídas o de algo peor. Por ejemplo, muchas mujeres afirman haber sido etiquetadas como “no casaderas” tras sufrir violencia sexual.

Para las mujeres que se enfrentan a formas de discriminación cruzadas –como las mujeres migrantes, de color, con discapacidad, las que viven en la pobreza, presentan una identidad de género u orientación sexual diversa o las afectadas por conflictos–, estos obstáculos se multiplican.

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