Chilpancingo, Guerrero | 04 de junio de 2025
La Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero (CDHG) se encuentra en el centro de un debate político y social al acercarse la renovación de su titular. El proceso, que concluye este jueves con la recepción de curriculares en el Congreso local, también pone sobre la mesa un tema clave: el manejo de más de 332 millones de pesos anuales que recibe la institución.
Este monto incluye un presupuesto operativo anual de 83.064 millones de pesos, recursos que están destinados a la protección y promoción de los derechos humanos en el estado.
Candidaturas en disputa
Entre las figuras que buscan ocupar el cargo se encuentran nombres como el de Audel Urbina Serrano, activista afrodescendiente respaldado por organizaciones sociales y defensor de comunidades marginadas; y Cecilia Narciso Gaitán, actual presidenta de la comisión, quien ya anunció que buscará repetir por otros cuatro años.
Urbina Serrano presentó públicamente su propuesta bajo el título “Prospectiva de un negro”, donde plantea un enfoque enfocado en los derechos de los pueblos afroguerrerenses e indígenas, históricamente olvidados en políticas públicas.
Por otro lado, Narciso Gaitán señaló haber recibido el apoyo directo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, lo cual ha generado críticas entre grupos civiles que piden renovación y representación étnica en cargos públicos.
Llamado a romper con la continuidad gris
Organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupación ante una posible reelección automática sin evaluación transparente. “No queremos seguir con la misma práctica ni con decisiones basadas en padrinos”, señalaron desde distintos sectores.
También destacaron que existen perfiles altamente calificados para asumir la responsabilidad de la CDHG, algunos de ellos con años esperando su oportunidad.
Cabildeo en el Congreso
En los pasillos del poder legislativo, el cabildeo entre diputados se ha intensificado. La mayoría de Morena tiene la decisión final, pero otras fuerzas políticas también presionan por un cambio en la dirección institucional.
Fuentes indican que el debate no solo gira en torno a experiencia o currículum, sino también a intereses internos dentro de las bancadas.
Un reto histórico para el Congreso
El Congreso local tiene ahora la responsabilidad de decidir si refuerza el modelo de inclusión y diversidad o mantiene una figura considerada por muchos como alejada de las realidades más urgentes de Guerrero.
Su decisión marcará un precedente: ¿seguirá el estado una política de cercanía con los pueblos originarios y afrodescendientes, o prevalecerán las líneas partidistas?
La expectativa es alta. Las organizaciones ciudadanas y los colectivos afroguerrerenses observan atentos. Para muchos, esta podría ser la oportunidad de avanzar hacia una defensa más justa y representativa de los derechos humanos.
