La política ya no puede esconderse detrás del poder
Por Juan Román Mariche
Durante décadas, millones de mexicanos crecieron con una idea que parecía imposible de cambiar.
Que quienes ocupaban los cargos públicos más importantes difícilmente enfrentaban la justicia como la Detención de Ernesto Ruffo
Gobernadores. Exgobernadores.Alcaldes. Exalcaldes. Senadores. Diputados. Funcionarios de alto nivel.
Para muchos ciudadanos existía la percepción de que el poder político terminaba convirtiéndose en un escudo contra la ley.
Hoy ese paradigma comienza a ponerse a prueba.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, luego de obtener una orden de aprehensión derivada de una investigación relacionada con presuntas operaciones de contrabando de combustible y posibles delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Será el proceso judicial el que determine su responsabilidad o inocencia.
Ese principio debe respetarse siempre.
Porque el Estado de derecho exige que nadie sea condenado por rumores, presiones políticas o juicios mediáticos.
La diferencia entre investigar y perseguir
Uno de los pilares de cualquier democracia es que las instituciones investiguen antes de detener.
Una orden de aprehensión no surge de una sospecha aislada.
Debe ser autorizada por un juez con base en los elementos presentados por el Ministerio Público.
Eso no equivale a una sentencia condenatoria.
Pero sí refleja que existe un procedimiento judicial que deberá desarrollarse conforme a la ley.
La diferencia es fundamental.
La justicia pierde legitimidad cuando actúa por consigna política.
También la pierde cuando deja impunes los posibles delitos cometidos desde el poder.
El equilibrio está en investigar con rigor, presentar pruebas y permitir que los tribunales decidan.
El mensaje que debería escuchar toda la clase política
Más allá del caso específico, existe una lección que ningún servidor público debería ignorar.
Administrar recursos públicos no significa administrar un patrimonio personal.
Cada peso pertenece a los ciudadanos.
Por ello, ningún alcalde, gobernadora, gobernador, legislador o funcionario debería permitir que familiares, amigos, socios o personas cercanas intervengan de manera indebida en contratos, licitaciones, compras o decisiones relacionadas con el presupuesto público.
La historia reciente demuestra que las investigaciones pueden alcanzar incluso a quienes alguna vez ocuparon los cargos más importantes del país.
El poder es temporal.
Las consecuencias legales pueden permanecer durante muchos años.
La ciudadanía también tiene una responsabilidad
La lucha contra la corrupción no depende únicamente de las autoridades.
También requiere ciudadanos que denuncien cuando existan hechos sustentados y posibles irregularidades.
Denunciar no significa difamar.
Implica aportar información verificable para que las instituciones investiguen.
Una democracia fuerte necesita instituciones que investiguen sin importar el partido político y ciudadanos que exijan transparencia sin importar quién gobierne.
La ley debe aplicarse con el mismo rigor para todos.
Sin excepciones.
La confianza pública se construye con justicia, no con impunidad
México necesita instituciones capaces de investigar a cualquier persona cuando existan elementos suficientes, independientemente de su influencia política, económica o partidista.
Al mismo tiempo, necesita procesos judiciales imparciales que respeten la presunción de inocencia y el debido proceso.
Solo así puede fortalecerse la confianza ciudadana.
Porque el verdadero mensaje no debería ser que un exgobernador fue detenido.
El verdadero mensaje debería ser que, en un Estado de derecho, nadie debe estar por encima de la ley y nadie debe estar por debajo de sus garantías.
Si ese principio logra consolidarse, la política mexicana comenzará a recuperar algo que durante mucho tiempo pareció perdido: la credibilidad.
