Del Congreso de los “levantadedos” al Congreso de las mayorías: la prueba de congruencia de Morena
La nueva Ley de Economía Digital abre un debate que va más allá de los pagos electrónicos: la independencia del Poder Legislativo y los derechos de millones de mexicanos.
Morena y la crítica al Congreso de los levantadedos
Durante décadas, uno de los principales cuestionamientos al sistema político mexicano fue la subordinación del Congreso al presidente de la República.
La ciudadanía y los partidos opositores acusaban a diputados y senadores de respaldar las decisiones del Ejecutivo sin analizar suficientemente sus consecuencias.
La expresión “levantadedos” se convirtió en símbolo de aquella práctica legislativa.
Con ella, los críticos señalaban a los representantes populares que parecían obedecer las instrucciones de sus dirigencias antes que defender los intereses ciudadanos.
Morena también cuestionó esa forma de ejercer el poder. Desde la oposición, sus integrantes reclamaban independencia legislativa, debate público y respeto a la voluntad popular.
Hoy, cuando Morena encabeza el Gobierno federal y cuenta con una amplia representación parlamentaria, aquellas exigencias merecen una nueva reflexión.
La congruencia democrática no debería depender del partido que ocupe la Presidencia de la República.
Ley de Economía Digital: una votación que exige explicaciones
El 4 de noviembre de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
En la Cámara de Diputados, el dictamen obtuvo 330 votos a favor y 122 en contra.
Los 237 legisladores de Morena que participaron en esa votación respaldaron la propuesta.
Sin embargo, el Senado también registró cuestionamientos importantes.
El senador morenista Ricardo Sheffield Padilla objetó las amplias facultades que la legislación concede a la Secretaría de Hacienda para determinar actividades donde podrían exigirse exclusivamente pagos electrónicos.
Sheffield propuso modificar los artículos 13 y 14, pero la mayoría legislativa rechazó su reserva.
Este episodio deja una pregunta que merece respuesta:
¿Qué tan dispuesta está una mayoría parlamentaria a corregir una iniciativa presidencial cuando incluso algunos de sus integrantes advierten posibles riesgos?
Votar junto al Ejecutivo no demuestra, por sí mismo, falta de independencia.
Pero el Congreso debe acreditar que estudia, discute y evalúa las consecuencias de las decisiones que respalda.
El efectivo y los derechos de millones de mexicanos
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el efectivo no desaparecerá de manera generalizada.
Sin embargo, los artículos 13 y 14 de la nueva legislación permiten establecer sectores donde los pagos electrónicos sean obligatorios.
Ambas circunstancias requieren explicaciones claras.
México tiene millones de ciudadanos que utilizan billetes y monedas para realizar sus actividades cotidianas.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 señaló que el 85.2% de las personas utilizaba principalmente efectivo para compras de 500 pesos o menos.
Además, en septiembre de 2026, el país registró 32.6 millones de personas ocupadas en condiciones de informalidad laboral.
Estas cifras no significan que todos carezcan de servicios bancarios.
Pero muestran una realidad que las autoridades deben considerar antes de establecer nuevas obligaciones.
La modernización económica no puede ignorar las condiciones sociales de quienes todavía dependen del efectivo.
¿Qué sucederá con quienes no dominan la tecnología?
Millones de mexicanos enfrentan dificultades para acceder a servicios digitales.
Algunos adultos mayores desconocen el funcionamiento de las aplicaciones bancarias.
Otros ciudadanos viven en comunidades donde la conexión a internet presenta fallas frecuentes.
También existen pequeños comerciantes que dependen de sus ingresos diarios y enfrentan dificultades para incorporar nuevas herramientas de cobro.
¿Quién les proporcionará capacitación?
¿Qué alternativas tendrán quienes no cuenten con teléfonos inteligentes?
¿Quién protegerá su patrimonio frente a fraudes, robo de contraseñas o transferencias fraudulentas?
La digitalización ofrece beneficios, pero también exige medidas de seguridad y protección financiera.
El Gobierno debe explicar cómo garantizará que las nuevas obligaciones no excluyan a los sectores más vulnerables.
El Congreso debe vigilar, no solamente aprobar
Los legisladores tienen la responsabilidad de examinar cada iniciativa, independientemente del partido que la presente.
La mayoría parlamentaria puede respaldar legítimamente las propuestas presidenciales.
Sin embargo, ese respaldo no elimina su obligación de revisar riesgos, escuchar objeciones y exigir mecanismos de protección ciudadana.
La oposición también tiene responsabilidades.
Rechazar una propuesta no constituye automáticamente una defensa del interés público.
Sus representantes deben acompañar sus críticas con argumentos verificables y alternativas viables.
México necesita un Congreso que debata con independencia, no una competencia entre quienes aprueban todo y quienes rechazan todo.
La democracia exige contrapesos, deliberación y rendición de cuentas.
La verdadera prueba de congruencia política
Quienes ayer cuestionaban la obediencia legislativa tienen hoy la oportunidad de demostrar que sus convicciones democráticas siguen vigentes.
Y quienes anteriormente defendían las iniciativas presidenciales sin suficiente escrutinio deben reconocer que las exigencias institucionales también les corresponden.
La nueva Ley de Economía Digital representa una oportunidad para evaluar la independencia del Congreso y su compromiso con los derechos ciudadanos.
La discusión no debe reducirse a una confrontación entre Morena y los partidos opositores.
Los mexicanos necesitan conocer las consecuencias de las leyes, los mecanismos de protección y las responsabilidades de quienes toman las decisiones.
Porque la pregunta verdaderamente importante no es qué partido ganó una votación.
La pregunta es si los ciudadanos cuentan con suficientes garantías para enfrentar las consecuencias de las leyes que sus representantes aprueban en su nombre.
Y esa respuesta todavía exige explicaciones.
Notimundo | Columna de análisis y opinión política.
Esta columna distingue entre los hechos legislativos documentados y las valoraciones del análisis editorial.
