Crimen, política e impunidad
LECTURA POLÍTICA por: Noé Mondragón Norato
La ola de terror que se mostró plena y sangrienta en las últimas semanas de junio pasado, confirman la penetración visible del crimen organizado en las estructuras políticas. Sobre todo, en las presidencias municipales, primer punto de acercamiento entre autoridades y células delictivas. Desde luego, esta relación parece haber entrado en una especie de “perversa normalidad” en la que los propios alcaldes y alcaldesas intentan sin conseguirlo, justificar lo injustificable. Salir airosos de situaciones comprometedoras que vulneran su ejercicio y evidencian el cuestionable abuso de poder. Los hacen ver de algún modo ante sus propios gobernados, como parte inherente de esa maquinaria criminal que cercena vidas dejando luto, dolor y una creciente y tolerable impunidad oficial. Hay que ir a los hechos.
Norma Otilia Hernández, FGE y Congreso complices
DOS ALCALDESAS. – Al menos dos alcaldesas proyectaron en la última semana de junio la mortalidad más escandalosa atribuida a la presencia imparable de los grupos criminales que las atosigan. Y a sus presumibles alianzas con ellos. Las ubican en consecuencia, como cómplices del horror. Se lee así.
1.- El 24 de junio, celebrado por la comunidad católica como el día de San Juan, siete cuerpos desmembrados aparecieron en el toldo de una camioneta abandonada justo enfrente del templo del barrio de San Mateo, en Chilpancingo, la capital. En medio de la confusión, la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández y el polémico síndico Andrei Marmolejo fueron mencionados en sendas cartulinas dejadas entre las cabezas de las que todavía escurría sangre aquella tétrica mañana. En su descargo, Norma Otilia salió a defender burdamente, que se trataba de “manchar su imagen”. Pero nunca explicó las razones por las que el crimen ha crecido a gran escala durante su administración.
Y la fiscalía general del estado (FGE) señaló que podía investigarla por esos hechos. En ese inter y para facilitar las pesquisas, el Congreso local debió exigirle a la alcaldesa morenista solicitar licencia a su encargo. Pero nada pasó. A más de ocho días de ocurrida esa masacre, Norma Otilia se pavonea como si nada hubiese ocurrido. El Congreso local y la propia FGE se muestran así, indolentes y hasta cómplices de una autoridad municipal a la que se le niegan los resultados convincentes. Y en el colmo de la desvergüenza, es asociada con el delito.
Guadalupe García Villalva
2.- En el municipio de Copala, la alcaldesa perredista Guadalupe García Villalba fue relacionada directamente por el propio afectado y víctima posterior: Jesús González Ríos, coordinador del PVEM en aquel municipio y potencial competencia electoral para el relevo en aquella alcaldía en la próxima elección federal de 2024. En un video que circuló profusamente en redes sociales, González Ríos responsabiliza sin titubeos “de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia”, a dicha alcaldesa. Establece un móvil: sacarlo por la fuerza de esa competencia comicial futura. Su predicción se cumplió. Fue secuestrado por hombres armados el pasado miércoles 28 de junio y su cuerpo desollado encontrado un día después, el miércoles 29 en una brecha de aquel municipio.
Política e impunidad
La fecha coincidió con la gira proselitista que realizó por Guerrero la precandidata a la presidencia de la república por el Morena, Claudia Sheinbaum Pardo. La FGE no ha emitido posicionamiento alguno al respecto.
Tal parece que Sandra Luz Valdovinos, titular de esa dependencia, no vive en Guerrero. Ni padece las consecuencias de esa criminalidad desbordante. Porque hasta el momento dicha dependencia no ha señalado qué está haciendo al respecto. Los diputados locales de las distintas fracciones partidistas que hacen vida política al interior del Congreso local hacen lo propio guardando un silencio tan criminal como cómplice. Y las dirigencias estatales del PRD y del Morena, voltean la mirada hacia otro lado.
De esa forma, también protegen a las dos alcaldesas que están en el ojo del huracán: la de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández. Y la perredista de Copala, Guadalupe García. El presidente AMLO ya mandó al menos, una señal en este último caso, en su mañanera de este lunes: exhortó a su gabinete de seguridad, a dar un informe sobre el asesinato del coordinador del PVEM. Pero el crimen, la política y la impunidad entreverados, están tomando carta de naturalización en Guerrero.
Acostumbrados a robar
HOJEADAS DE PÁGINAS…Acostumbrados a exprimir sin descanso los presupuestos públicos que otorga el ejercicio impune y sin fiscalización del poder, los senadores priistas Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila y Claudia Ruiz Salinas, decidieron renunciar a ese partido acusando al actual dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas Alito, de operar su destrucción.
Ahora todos ellos formarán un movimiento político al que bautizaron como “Congruencia por México”. Como si el PRI de antaño y al que pertenecieron hasta ayer, hubiese sido congruente con el combate a la enorme corrupción que los marcó. Por eso, dicho movimiento está llamado a la extinción y al descrédito por anticipado.
