Veinticinco estados desafían a Trump por los nuevos aranceles y llevan el caso a los tribunales
Los demandantes sostienen que el Gobierno federal no tiene facultades para aplicar estos gravámenes y advierten que la medida podría encarecer productos para familias y empresas.
La nueva política comercial del presidente Donald Trump enfrenta otro obstáculo en los tribunales. Un grupo de 25 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el Gobierno federal para intentar frenar la más reciente ronda de aranceles a las importaciones, al considerar que la medida rebasa las facultades del Ejecutivo y podría afectar directamente el bolsillo de millones de consumidores.
Entre los estados que impulsan la acción legal se encuentran Nueva York, California, Arizona, Colorado, Nueva Jersey y Minnesota, además de otros gobiernos estatales que respaldan el recurso judicial.
¿Por qué presentaron la demanda?
Los fiscales generales argumentan que los nuevos aranceles no cumplen con los requisitos establecidos en la legislación comercial estadounidense. Según la demanda, el Gobierno utilizó una investigación relacionada con posibles casos de trabajo forzoso para justificar impuestos a productos procedentes de decenas de países, aunque consideran que ambos temas no guardan una relación directa.
Los estados también sostienen que estas tarifas terminarán aumentando los costos para empresas importadoras y, en consecuencia, para los consumidores.
Los aranceles de Trump alcanzan a decenas de países
La medida anunciada por la Administración estadounidense establece aranceles de entre el 10 % y el 12.5 % para productos importados desde 60 países y economías. Entre ellos se encuentran los integrantes de la Unión Europea, además de Canadá, Japón, Reino Unido, Guatemala, Honduras y El Salvador.
El Gobierno sostiene que las medidas forman parte de una estrategia comercial basada en investigaciones sobre prácticas laborales dentro de las cadenas internacionales de suministro.
El debate vuelve a los tribunales
Los demandantes recuerdan que la Corte Suprema ya limitó anteriormente la capacidad del Ejecutivo para imponer amplios aranceles sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Por ello, consideran que esta nueva estrategia representa un nuevo intento de aplicar gravámenes mediante una vía distinta.
El caso volverá a colocar la política comercial de Estados Unidos bajo el escrutinio judicial. La resolución también podría influir en la relación económica con varios de sus principales socios comerciales y en el costo de numerosos productos para consumidores y empresas.
