La posible aplicación de un impuesto del 3.5% a las remesas que llegan desde Estados Unidos ha generado miedo y preocupación entre miles de familias mexicanas que dependen de ese ingreso.
Esperanza Rubiano, residente de Acapulco, Guerrero, recibe mensualmente unos 300 dólares que su hermana le envía desde Estados Unidos. Para ella, ese dinero es clave para cubrir gastos básicos como la alimentación y la salud.
“Ese apoyo nos da tranquilidad”, dijo. “Ahora tenemos que preocuparnos más, porque es un ingreso que ya teníamos como base en casa”.
Impacto económico en estados más vulnerables
Organizaciones civiles advierten que el impuesto afectará principalmente a los estados más pobres y dependientes de las remesas: Guerrero, Chiapas y Michoacán. En estos lugares, las remesas representan más del 10% del PIB estatal.
Ricardo Games Morga, representante de la asociación civil Poder Guerrerense, señaló que este tipo de medidas generaría una caída directa en recursos destinados a salud, educación y alimentación familiar.
“El dinero que llega a nuestras comunidades da estabilidad, comida y paz social”, indicó. “Si se reduce, podríamos ver inestabilidad social y un aumento en canales informales para enviar dinero”.
Riesgo de un mercado negro de transferencias
Games también alertó sobre el posible surgimiento de un mercado negro de envíos. Muchos migrantes buscarían formas alternativas de mandar dinero, como por tierra o a través de familiares, para evitar el cobro del impuesto.
Hasta ahora, México es el segundo mayor receptor de remesas en el mundo, solo detrás de India. En 2024 recibió casi 65 mil millones de dólares, equivalentes al 4% del PIB nacional.
Sin embargo, en lo que va del año, las remesas han mostrado una leve caída del 2.5% en comparación con 2024, en medio de tensiones migratorias y políticas restrictivas en Estados Unidos.
Familias temen perder una fuente vital de ingresos
Para millones de hogares mexicanos, las remesas no son un ingreso extra, sino una parte esencial del sustento diario. Cualquier reducción en su monto podría tener consecuencias profundas en la economía local y el bienestar social.
Por ahora, las autoridades mexicanas continúan monitoreando el debate en el Congreso estadounidense, mientras organizaciones sociales y defensores de migrantes exigen que se detenga cualquier medida que afecte a las familias vulnerables.
