Sinaloa, en el centro de la presión de Estados Unidos: Congreso elegirá gobernador interino tras nueva licencia de Rocha Moya
Rubén Rocha Moya pidió separarse nuevamente del cargo apenas 34 horas después de haber regresado. La decisión ocurre después de que Estados Unidos lo acusara formalmente junto con otros funcionarios y mientras Washington exige resultados contra el narcotráfico. ¿La salida de Rocha fortalece a México o evidencia la presión estadounidense?
CULIACÁN.— Lo que ocurre en Sinaloa dejó de ser únicamente un problema político estatal.
Este martes, el Congreso de Sinaloa se prepara para elegir a un gobernador o gobernadora interina después de que Rubén Rocha Moya solicitara por segunda ocasión una licencia indefinida, apenas unas 34 horas después de haber regresado al cargo.
La Diputación Permanente aprobó por unanimidad la nueva licencia el domingo y el Congreso inició el procedimiento para designar a quien ocupará temporalmente el Poder Ejecutivo estatal.
La sesión extraordinaria fue finalmente programada para este martes 25 de agosto, después de que el procedimiento previsto para el lunes fuera pospuesto.
Pero detrás de esta sucesión existe una pregunta que rebasa las fronteras de Sinaloa:
¿Qué significa para México que un gobernador señalado por la justicia estadounidense vuelva a separarse del cargo precisamente en medio de una creciente presión de Washington?
Una acusación que cambió el tablero
El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.
La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York sostiene que los acusados habrían colaborado con una facción del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Entre los delitos señalados aparecen conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas.
Pero hay un punto que debe quedar absolutamente claro:
se trata de acusaciones y no de una sentencia.
El propio Departamento de Justicia estadounidense señala expresamente que los cargos son alegaciones y que los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y el Gobierno de Sinaloa sostuvo que Estados Unidos no había presentado elementos probatorios suficientes para sustentar sus señalamientos.
¿Por qué su salida importa a México?
Aquí está la parte que pocas veces se explica.
La salida de Rocha Moya puede tener dos efectos completamente opuestos para el Gobierno mexicano.
Puede ayudar a México
Al dejar temporalmente el cargo, Rocha deja de ejercer directamente el Poder Ejecutivo de Sinaloa mientras continúan las investigaciones.
Eso puede permitir que las instituciones mexicanas sostengan una posición más firme:
“México investiga a sus propios funcionarios y no necesita que otro país determine quién debe gobernar en territorio mexicano.”
La Secretaría de Gobernación informó que las investigaciones relacionadas con las personas señaladas por Estados Unidos permanecen abiertas y recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado reiteradamente a Washington las pruebas que sustenten sus acusaciones.
En ese sentido, una transición institucional puede servirle a México para demostrar que no protege automáticamente a un funcionario por pertenecer a un partido o a un gobierno, pero tampoco acepta como verdad absoluta una acusación extranjera sin seguir el debido proceso.
Esa es una posición diplomáticamente mucho más sólida.
Pero también puede perjudicar a México. El regreso de Rocha abrió una crisis política para Morena
Pero existe otra dimensión que no puede ignorarse: el costo político que esta crisis puede tener para Morena.
Y entonces:
El problema para Morena ya no es solamente Rocha Moya: es el costo político de haber permitido que la incertidumbre alrededor del gobernador se prolongara. Su regreso al cargo, después de 112 días de licencia y en medio de investigaciones y acusaciones formuladas por Estados Unidos, colocó al movimiento ante una disyuntiva incómoda: ¿se estaba defendiendo el derecho de un gobernador a regresar a su puesto o se estaba intentando preservar a toda costa a uno de sus cuadros políticos? La posterior solicitud de una nueva licencia, apenas unas horas después, exhibió la dimensión del problema y obligó a la propia presidenta Claudia Sheinbaum a marcar distancia al considerar que su regreso había sido “imprudente”.
Para Morena, el riesgo no termina con la salida temporal de Rocha. El verdadero desafío será impedir que el caso se convierta en un símbolo de protección política, especialmente cuando se acercan procesos electorales decisivos para el movimiento. Si la ciudadanía percibe que Morena antepone la defensa de uno de sus gobernadores a la transparencia, la rendición de cuentas y la exigencia de resultados frente a las acusaciones, el costo podría trasladarse directamente a las urnas. No porque una acusación estadounidense determine la culpabilidad de Rocha —eso corresponde a las autoridades y al debido proceso—, sino porque la percepción pública de impunidad puede ser políticamente tan dañina como una sentencia.
Existe otra lectura.
Si la salida de un gobernador ocurre después de que Estados Unidos lo señala penalmente, Washington podría interpretar el movimiento como una consecuencia de su presión.
Y eso podría crear un precedente peligroso:
que una acusación estadounidense termine teniendo efectos políticos inmediatos dentro de México antes de que exista una sentencia mexicana o estadounidense.
Ahí aparece el dilema de la soberanía.
México necesita combatir el narcotráfico y la corrupción con toda la fuerza del Estado.
Pero también necesita que sus decisiones institucionales sean tomadas por autoridades mexicanas y mediante procedimientos mexicanos.
La propia Secretaría de Gobernación marcó distancia
Cuando Rocha Moya regresó a la gubernatura el 21 de agosto, la Secretaría de Gobernación dejó claro que su reincorporación había sido una decisión de carácter personal.
La dependencia también recordó que la FGR mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las personas señaladas por Estados Unidos y que la Cancillería ha solicitado a Washington las pruebas correspondientes.
Ese pronunciamiento es importante.
Porque muestra que el Gobierno federal no quiso asumir como propia la acusación estadounidense, pero tampoco cerró las investigaciones mexicanas.
La estrategia parece ser:
cooperar con Estados Unidos sin renunciar al debido proceso ni a la soberanía mexicana.
¿Qué cambia para la relación con Estados Unidos?
Mucho.
Washington ha convertido la lucha contra el narcotráfico en uno de los principales puntos de presión sobre México.
La acusación contra funcionarios de Sinaloa aumenta la presión para que el Gobierno mexicano demuestre que puede investigar y sancionar posibles vínculos entre autoridades y organizaciones criminales.
Pero también puede convertirse en una oportunidad para México.
Si las autoridades mexicanas investigan con independencia, presentan pruebas y, cuando corresponda, sancionan a quienes resulten responsables, México puede demostrar que no necesita que Estados Unidos le dicte la política de justicia interna.
Eso fortalecería la posición mexicana en futuras negociaciones.
Porque una cosa es cooperar.
Y otra muy distinta es someterse.
Sinaloa no puede quedarse en medio de la disputa
Mientras los políticos discuten, hay algo que no puede perderse de vista: Sinaloa necesita gobierno.
El estado enfrenta una crisis de seguridad y una profunda incertidumbre política.
Por eso el Congreso tiene ahora una responsabilidad que va mucho más allá de elegir un nombre.
Debe garantizar que la persona que asuma la gubernatura tenga capacidad para mantener funcionando las instituciones, coordinar la seguridad y dar estabilidad a la economía estatal.
La Constitución de Sinaloa establece el procedimiento para cubrir temporalmente la ausencia del gobernador y el Congreso ya inició formalmente ese proceso.
¿Quién gana y quién pierde?
Si la transición se realiza conforme a la ley y las investigaciones continúan sin interferencias, México puede salir fortalecido.
Puede demostrar que:
- no encubre a funcionarios;
- investiga sus propios casos;
- coopera con Estados Unidos;
- exige pruebas cuando otro país formula acusaciones;
- y respeta el debido proceso.
Pero si la crisis se convierte únicamente en una disputa política entre grupos de poder, Sinaloa perderá y México también.
Porque entonces Washington tendrá argumentos para decir que las instituciones mexicanas no pueden resolver por sí mismas sus problemas.
Y eso, en una negociación bilateral donde están sobre la mesa seguridad, migración, comercio y narcotráfico, es precisamente lo que México debe evitar.
La pregunta que queda para México
La salida de Rocha Moya no resuelve las acusaciones.
Tampoco las confirma.
Lo que hace es abrir un espacio para que las instituciones investiguen.
Y ahí está la verdadera oportunidad para México:
que ninguna acusación extranjera quede sin respuesta, pero que ninguna acusación extranjera sustituya a la justicia mexicana.
Estados Unidos tiene derecho a investigar los delitos que afectan a su territorio.
México tiene la obligación de investigar lo que ocurre dentro del suyo.
La cooperación entre ambos países es necesaria.
La subordinación no.
Sinaloa se encuentra ahora en una encrucijada.
El Congreso deberá decidir quién toma temporalmente las riendas del estado.
Y México tendrá que demostrar, al mismo tiempo, que puede combatir la corrupción y al crimen organizado sin renunciar a su soberanía ni al Estado de derecho.
Acapulco Times seguirá el proceso de designación del gobernador interino y las implicaciones que la crisis de Sinaloa tenga para la relación entre México y Estados Unidos.
Fuentes: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Departamento de Justicia de Estados Unidos; Congreso del Estado de Sinaloa; Gobierno del Estado de Sinaloa.
