Rocha Moya vuelve al gobierno de Sinaloa en medio de acusaciones de EE.UU.
El gobernador retomó el cargo tras 112 días de licencia; Morena y el Gobierno federal se deslindaron de su decisión mientras las investigaciones continúan.
CULIACÁN, Sinaloa.— Rubén Rocha Moya volvió a ocupar este viernes la gubernatura de Sinaloa después de permanecer 112 días separado temporalmente del cargo, en medio de una de las crisis políticas y judiciales más delicadas que ha enfrentado un gobernador mexicano en los últimos años.
Su regreso ocurre después de que autoridades de Estados Unidos lo incluyeran en una acusación federal relacionada con presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos.
Rocha Moya niega las acusaciones y sostiene que son falsas y políticamente motivadas.
Pero su reincorporación tiene un elemento que elevó todavía más la controversia: el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia nacional de Morena se deslindaron públicamente de la decisión.
Rocha dice que regresa “con la frente limpia”
El gobernador anunció su regreso mediante un mensaje publicado en redes sociales.
Rocha Moya afirmó que retomaba sus responsabilidades con la convicción de que la verdad estaba de su lado y sostuvo que debía cumplir el mandato otorgado por los ciudadanos de Sinaloa.
Su regreso se produjo después de que el pasado 1 de mayo solicitara licencia temporal ante el Congreso estatal para separarse del cargo mientras enfrentaba las investigaciones abiertas en México tras los señalamientos de Estados Unidos.
Durante ese periodo, el mandatario compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La posición de Rocha ha sido constante: niega haber cometido delitos y rechaza cualquier relación con organizaciones criminales.
Washington lo acusa junto con otros nueve funcionarios
El origen de la crisis se encuentra en una acusación presentada por fiscales federales estadounidenses el 29 de abril de 2026.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos en una acusación relacionada con narcotráfico y delitos vinculados con armas.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los señalados presuntamente habrían colaborado con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el ingreso de grandes cantidades de drogas a territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos.
Entre las sustancias mencionadas por las autoridades estadounidenses se encuentran fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.
Sin embargo, existe una precisión fundamental que debe quedar clara: se trata de acusaciones, no de una sentencia.
El propio Departamento de Justicia estadounidense señala expresamente que los hechos descritos en la acusación deben considerarse alegaciones y que los acusados son presumidos inocentes hasta que se determine su responsabilidad conforme al proceso legal.
Rocha Moya, por su parte, rechaza los señalamientos.
Gobierno federal: fue una decisión personal
El regreso del gobernador provocó una reacción poco habitual dentro del propio oficialismo.
La Secretaría de Gobernación informó que la decisión de Rocha Moya de reincorporarse a sus funciones fue exclusivamente personal y que no correspondió a una determinación del Gobierno federal.
La postura es políticamente relevante porque Rocha Moya pertenece a Morena, el mismo partido de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La dirigencia nacional de Morena también tomó distancia y señaló que no tuvo conocimiento previo de la decisión del gobernador.
En otras palabras, Rocha regresó al despacho gubernamental sin presentar su reincorporación como una decisión acordada con el Gobierno federal o con la dirigencia de su partido.
¿Qué ocurre con la investigación en México?
Este es uno de los puntos que mayor confusión puede generar.
Que Rocha Moya haya retomado la gubernatura no significa que una acusación estadounidense haya sido anulada ni que exista una sentencia que lo declare inocente.
Tampoco significa, por sí mismo, que el proceso de investigación en México haya terminado.
La propia Secretaría de Gobernación recordó que la Fiscalía mexicana mantiene investigaciones relacionadas con las acusaciones formuladas contra Rocha Moya y otros funcionarios, y ha reclamado a Estados Unidos que entregue los elementos probatorios correspondientes.
El gobernador ya había comparecido ante la FGR durante el periodo en que estuvo separado temporalmente del cargo.
La diferencia entre ambos escenarios es importante:
Estados Unidos mantiene una acusación formal; México desarrolla su propio procedimiento bajo su jurisdicción.
Son procesos distintos y no deben confundirse.
Un regreso que aumenta la presión política
El caso coloca nuevamente a Sinaloa en el centro de la relación de seguridad entre México y Estados Unidos.
Washington ha incrementado durante los últimos meses la presión sobre México para obtener mayores resultados contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, mientras el Gobierno de Sheinbaum ha defendido la cooperación bilateral, pero también ha marcado límites frente a cualquier acción que considere una afectación a la soberanía mexicana.
El caso Rocha Moya añade una dificultad adicional.
Por un lado, Estados Unidos acusa a un gobernador mexicano en funciones de presuntos vínculos con una organización criminal.
Por otro, el Gobierno mexicano exige que cualquier acusación sea respaldada con pruebas y que los procedimientos se desarrollen conforme a la legislación mexicana.
El regreso del gobernador vuelve inevitable una pregunta:
¿Qué ocurrirá si Estados Unidos aumenta la presión sobre México para que Rocha Moya enfrente sus acusaciones ante la justicia estadounidense?
El caso también golpea a Morena
La decisión tiene además una dimensión política interna.
Rocha Moya fue postulado por Morena y llegó a la gubernatura de Sinaloa en 2021. Su regreso, sin embargo, ocurrió en un escenario en el que su propio partido decidió marcar distancia.
Eso coloca al gobernador en una situación particularmente complicada.
Tiene el respaldo institucional derivado de su cargo y sostiene que cuenta con el mandato de los sinaloenses, pero enfrenta simultáneamente cuestionamientos provenientes de Estados Unidos y una investigación mexicana.
El resultado es un escenario político poco común: un gobernador que vuelve al poder mientras su propio partido y el Gobierno federal aclaran que no participaron en la decisión.
Sinaloa, entre la violencia y la crisis política
El episodio ocurre además en un estado que enfrenta desde hace meses una severa crisis de seguridad vinculada a la disputa interna del Cártel de Sinaloa.
Por eso, el regreso de Rocha Moya no solamente tiene consecuencias jurídicas o partidistas.
También plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno estatal para recuperar la confianza ciudadana y enfrentar la violencia mientras su titular continúa bajo el escrutinio de autoridades nacionales y estadounidenses.
El gobernador asegura que regresa para continuar trabajando y cumplir con el mandato que recibió en las urnas.
Estados Unidos, en cambio, mantiene una acusación formal en su contra.
México sostiene que las autoridades estadounidenses deben aportar las pruebas correspondientes.
Y Morena ya dejó claro que la decisión de regresar al cargo fue de Rocha Moya y no del partido.
Así comienza una nueva etapa de un caso que dejó de ser exclusivamente un asunto de Sinaloa y se convirtió en un problema que toca directamente la relación de seguridad, justicia y soberanía entre México y Estados Unidos.
Fuente: Acapulco Times, con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Secretaría de Gobernación, Gobierno de Sinaloa y agencias internacionales.
