Justicia selectiva en Acapulco: cuando reclamar puede tener consecuencias, pero las respuestas no llegan
Una Muerte, apagones y una pregunta que exige respuesta: ciudadana denuncia posibles consecuencias de cortes inesperados de electricidad en Acapulco.
Por Juan Román | Notimundo
⚠️ TESTIMONIO CIUDADANO | En este video, una ciudadana denuncia que una persona habrían fallecido tras interrupciones inesperadas del suministro eléctrico y cuestiona la falta de información a sus familiares. Notimundo presenta el testimonio como una denuncia que deberá ser corroborada por las autoridades correspondientes.
Acapulco, Guerrero.— Hay momentos en los que una protesta ciudadana deja de ser solamente una protesta y se convierte en una pregunta incómoda para las instituciones: ¿la ley se aplica con la misma rapidez y contundencia cuando el señalado es un ciudadano que cuando las quejas apuntan hacia una institución pública?
En Acapulco, esa pregunta comienza a tomar forma a partir de un caso que merece ser investigado hasta sus últimas consecuencias.
Dos ciudadanas que participaron en una protesta contra los problemas del suministro eléctrico terminó relacionada con una carpeta de investigación promovida por la Comisión Federal de Electricidad. Al mismo tiempo, las quejas que dieron origen a aquella movilización —apagones, fallas, problemas de infraestructura y afectaciones a usuarios— continuaron apareciendo en distintos puntos del puerto.
Y ahí está el verdadero asunto sobre justicia selectiva en Acapulco
No se trata de decidir quién tiene razón antes de que concluyan las investigaciones. Se trata de saber si las instituciones están actuando con la misma energía en ambos lados del conflicto.
Protestar no debería convertir automáticamente al ciudadano en sospechoso
Los ciudadanos tienen derecho a exigir servicios públicos eficientes y a manifestarse dentro del marco de la ley.
Las instituciones, por supuesto, también tienen derecho a denunciar cuando consideran que durante una protesta se cometió algún delito.
Ambas cosas pueden coexistir.
El problema aparece cuando la sociedad observa que una denuncia institucional puede avanzar hasta una investigación ministerial, mientras las denuncias ciudadanas sobre problemas del servicio parecen requerir protesta tras protesta, reunión tras reunión y presión pública para obtener respuestas.
Eso es lo que debe aclararse.
Porque si hubo un delito durante aquella manifestación, que se investigue.
Si no lo hubo, también debe quedar claro.
Pero exactamente con el mismo rigor deben investigarse las denuncias de los usuarios que aseguran haber sufrido apagones prolongados, daños y problemas derivados de deficiencias en el suministro eléctrico.
La pregunta que nadie debería esquivar
Aquí no estamos hablando de defender a una persona por simpatía ni de atacar a una institución por conveniencia política.
Estamos hablando de algo mucho más importante: igualdad ante la ley y responsabilidad institucional.
Si un ciudadano debe responder ante el Ministerio Público por sus actos, quienes tienen responsabilidades públicas también deben responder cuando existan elementos que indiquen posibles irregularidades.
La justicia no puede funcionar como una puerta que se abre rápidamente en una sola dirección.
Debe abrirse en ambas.
El caso merece documentos, no rumores
Por eso Notimund considera que la discusión debe abandonar las redes sociales y entrar al terreno de los documentos.
Queremos saber qué dice exactamente la denuncia presentada por la CFE.
Queremos conocer qué delito se investiga.
Queremos saber cuáles son las pruebas.
Queremos conocer por qué se citó a las dos ciudadanas y bajo qué fundamento se estableció la sanción económica advertida en el citatorio.
Pero también queremos conocer cuántas denuncias formales han presentado ciudadanos por daños derivados del servicio eléctrico, cuántas han prosperado y qué funcionarios o áreas han sido llamados a responder cuando las investigaciones encuentran posibles responsabilidades.
Una institución que está segura de haber actuado correctamente no debería tener problema en explicar sus decisiones.
No es una guerra contra la CFE
Y esto debe quedar perfectamente claro.
Notimundo no está declarando culpable a la CFE.
Tampoco está declarando inocente a las ciudadanas.
No somos Ministerio Público, no somos jueces y no pretendemos ocupar el lugar de las autoridades.
Somos periodistas.
Nuestra obligación es preguntar.
Y cuando encontramos una situación que puede revelar una diferencia en la manera en que las instituciones reaccionan frente a ciudadanos e instituciones, nuestra obligación es investigarla.
Porque hay una diferencia entre justicia y ejemplaridad
Una cosa es investigar un posible delito.
Otra muy distinta sería utilizar el aparato institucional de manera que una persona termine convertida en ejemplo para los demás simplemente por haber protestado.
Para determinar si eso ocurrió aquí necesitamos pruebas.
Por eso la investigación apenas comienza.
Pero tampoco podemos ignorar la otra cara de la historia: los ciudadanos llevan años reclamando que las instituciones respondan cuando los servicios públicos fallan.
Si el Estado exige responsabilidad al ciudadano, el ciudadano tiene exactamente el mismo derecho de exigir responsabilidad al Estado.
No hay democracia sin esa reciprocidad.
Acapulco merece una respuesta
La pregunta final es sencilla:
¿Existe en este caso una aplicación ordinaria de la ley o estamos frente a una respuesta institucional desproporcionada frente a una protesta ciudadana?
Todavía no tenemos derecho a afirmar una cosa ni la otra.
Pero sí tenemos derecho —y obligación periodística— de preguntar.
Y quizá ésa sea precisamente la pregunta que más incomoda:
¿Quién vigila a quienes vigilan?
Notimundo continuará revisando documentos, testimonios y antecedentes para responderla.
Porque una sociedad democrática no debería temerle a las preguntas.
Deberían preocuparnos mucho más las instituciones que se niegan a responderlas.
